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DIRECTRICES POLÍTICAS DE ACCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

  por Gustavo M. Hornos

"La política criminal debe orientarse hacia los beneficiarios finales del delito de trata de personas y al recupero de los beneficios económicos."

            El delito de Trata de Personas consiste en traficar personas como si fueran objetos del mercado para su explotación económica mediante sometimiento sexual o laboral o para la extracción de sus órganos.
La  explotación de seres humanos constituye un grave y particularmente insidioso delito que ataca los valores y principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional. Se atenta contra la vida, la libertad y la dignidad; es decir, la esencia de lo humano.
La persona humana es explotada no como un fin en sí mismo, sino como un medio para la obtención de amplias ganancias económicas, le experiencia ha demostrado que el motivo de la reducción del ser humano es esencialmente el lucro. Por eso, si recuperamos la ganancia terminamos el negocio de la esclavitud.
La Organización Internacional para las Migraciones indicó que se encuentra entre los delitos más lucrativos de la criminalidad organizada junto al tráfico de armas, drogas y el lavado de dinero.
Lo más desdeñable de estas conductas es que se escoge a víctimas particularmente vulnerables y sin posibilidad de oponerse a  los designios del sujeto activo y que, en la mayoría de los casos, no asumen su calidad de víctima y ven a su tratante como su "salvador". En muchas oportunidades, la explotación se esconde tras el velo de "una gran familia" o "una gran empresa" asumiendo características tales como, retención del salario, del documento, aislamiento, continuos traslados, entre otros.
"La explotación física, económica, sexual y psicológica de hombres, mujeres y niños y niñas actualmente encadena a decenas de millones de personas a la deshumanización y a la humillación. La esclavitud moderna, en términos de trata de personas, trabajo forzado, prostitución, explotación de órganos, es un delito grave..." (Discurso del papa Francisco en la firma de la declaración contra la Esclavitud, Roma, 2/12/14).
Históricamente, la demanda del trabajo esclavo provino de grandes cadenas multinacionales a los efectos de reducir sus costos respecto de la mano de obra y ampliar sus ganancias. 



            Es del caso recordar, la catástrofe ocurrida el 24 de abril de 2013 por el derrumbe de un edificio de nueve plantas en la localidad de Savar Bangladesh, en el que funcionaba un complejo textil. El hecho dejó al descubierto las pésimas condiciones laborales de los empleados que allí se desempeñaban (jornadas laborales extensas, pésimas condiciones edilicias, magras retribuciones económicas, entre otras).  El destino de las prendas que cosían los trabajadores bangladesíes serían para grandes marcas europeas.
Este caso no se trató de un hecho aislado. En noviembre de 2012 se había producido un incendio en una fábrica textil también en Bangladesh en el que 112 trabajadores que confeccionaban prendas para grandes tiendas, murieron calcinados. 
Estos hechos y muchos otros de igual tenor, conmovieron a la Comunidad Internacional quien tomó cartas en el asunto, diseñando distintos tratados para comprometer a los Estados para que adopten medidas para la  prevención y punición del delito de tráfico de personas.

Responsabilidad de los Tres Poderes

Argentina hace ya más de diez años (por medio de la ley 26.364) dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños ("Protocolo de Palermo"), anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la ley Nº 25.632, en el año 2002).
Desde aquel momento, los tres poderes del Estado confluyeron en un plan de acción para combatir el flagelo de esta moderna forma de esclavitud en forma coordinada y efectiva, en base a tres pilares fundamentales: la prevención del delito, su eficiente represión y la debida asistencia a las víctimas.
Así, con la adopción de este plan de acción, fueron asistidas 11.853 víctimas de la trata de personas desde la sanción de la citada ley hasta diciembre de 2017.
La lucha contra la trata de personas en la Argentina continua en un estado de progreso constante en orden a alcanzar los objetivos constitucionales de erradicar este delito. 
El objetivo del presente artículo es describir los últimos avances y novedades en la represión del delito llevada adelante por los tres poderes del estado, en forma coordinada.

Poder Legislativo.

Las leyes sancionadas por el Poder Legislativo -ley 26.364 y 26.842- se transformaron en valiosas herramientas para encuadrar estas conductas y permitir el avance de las investigaciones para alcanzar el objetivo de su debida punición.
Particularmente, la ley Nº 26.842 (sancionada en diciembre de 2012) adoptó los criterios jurisprudenciales imperantes en el momento, y se reformó la ley en orden a encuadrar este fenómeno delictivo de una forma más apropiada. 
Los cambios más relevantes fueron, la eliminación de la distinción entre la trata de personas de personas mayores y de menores de edad, descartando al consentimiento de la víctima como eximente de responsabilidad. Asimismo, los particulares medios de comisión de este delito (violencia, amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad, etc.) dejaron de requerirse como elementos típicos y fueron considerados agravantes. Por otra parte, se amplió el catálogo de derechos y mecanismos para la apropiada asistencia de las víctimas. 

Curso de acción implementado por el Poder Ejecutivo:

El 31 de julio de 2018 el gobierno nacional presentó el primer Plan Nacional Bianual para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 2018-2020. Este plan forma parte del Programa Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y se presenta en el marco del Consejo Federal de la Lucha contra la Trata y Explotación de personas (artículo 7 y ss. de la ley 26.842).



            La resolución 635/2018 del Ministerio de Seguridad crea dos protocolos, dos guías, un manual y una serie de lineamientos para adecuar la normativa aplicable por las Fuerzas de Seguridad Federales a la problemática de este delito. 
Entre los objetivos de este cuerpo reglamentario cabe destacar, por un lado, la detección en forma temprana de un caso de trata de personas. La frustración del delito en sus primeras etapas es fundamental porque evita que la situación delictiva se prolongue en el tiempo y que se consume la explotación, afectando en mayor medida los bienes jurídicos en juego (así, el Protocolo General de Actuación para la Prevención y Erradicación del Delito de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario y el Protocolo General de Actuación para la Prevención y Erradicación del Delito de Trata de Personas en Canales Fluviales. En igual dirección, la Guía Orientativa para la Toma de Denuncias ante la Posible Comisión de un Delito de Trata de Personas).
Por otro lado, la normativa tiene en miras la protección y la debida asistencia a las víctimas de trata, que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Por ello, se aprobó el "Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas". Allí se consigna que "Las Fuerzas de Seguridad Federales tienen la obligación de asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de manera apropiada y no corran el riesgo de ser consideradas delincuentes ni re victimizadas respecto de delitos en lo que puedan haber incurrido como consecuencia de su situación como víctimas de trata de personas. También se le dará prioridad a la atención inmediata de la víctima en materia sanitaria, psicológica, asistencia migratoria legal".
En suma, todo este cuerpo reglamentario está directamente orientado a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de prevención y sanción de la trata de personas, protección de las víctimas y promoción de la cooperación internacional conforme los compromisos asumidos por la República Argentina.

Investigación jurídica del delito de Trata de Personas dispuesta por la Corte Suprema de Justicia:

Ciertas características del delito de trata de personas hacen particularmente compleja su detección y represión. Así, cabe mencionar, los constantes traslados de las víctimas dentro y fuera de las fronteras del país, la clandestinidad propia de los actos sexuales y de los talleres inhabilitados, la connivencia con algunas agencias estatales y la profunda vulnerabilidad de las víctimas.
En orden a combatir eficazmente este delito, primeramente se deben conocer ampliamente las circunstancias que adquiere la trata de personas en nuestro país. Nótese que al ser un delito que desconoce los límites fronterizos, en cada nación donde siembra raíces, presenta disímiles particularidades que deben ser conocidas para poder prevenir y sancionar más eficientemente estas conductas. Es decir, es preciso identificar los tramos nacionales por los que el delito se expande: cuáles son los lugares más frecuentes de ingreso de las víctimas, en qué sector del país se ubican los centros de explotación, la nacionalidad y provenientes de las víctimas, etcétera. 
Con este objetivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Oficina de la Mujer, se encuentra actualmente trabajando en una investigación y en la elaboración de un estudio estadístico del delito de trata de personas, cuya Dirección Jurídica me fue encomendada.
  El trabajo consiste en recolectar datos primarios que surjan de las causas en donde se investiguen los delitos de trata de personas y sus conexos, para efectuar un diagnóstico certero sobre cómo se desarrolla este delito en nuestro país.

Este trabajo tiene como objetivos:

1) la elaboración de estadísticas sobre las principales características de los fenómenos y procesos intervinientes en este delito complejo; 
2) armonizar esta fuente de información con otras existentes a nivel nacional e internacional; y,  
3) facilitar el acceso a la información de toda la ciudadanía mediante su publicación a través de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A partir del estudio de estos datos, podremos conocer, por ejemplo, dónde se ubican los centros de explotación de las víctimas y si contaban con la habilitación municipal correspondiente, por qué lugar ingresan las víctimas extranjeras a nuestro país, dónde fueron captadas, cuál es su origen y nacionalidad, cuántas quieren recibir asistencia del Estado, si existen y cuáles son las dificultades procesales para el avance del proceso penal, entre muchas cuestiones de interés.
A su vez, el análisis conjunto de los resultados de los datos estadísticos, podrá contribuir a elaborar una perspectiva informada de Política Criminal para crear mecanismos de prevención de este delito, la más conveniente asignación de los recursos humanos y técnicos dentro del poder judicial y garantizar la mejor investigación del delito y protección de las víctimas.

Novedades jurisprudenciales: La dirección de las investigaciones penales también hacia los beneficiarios económicos de la explotación humana.

El delito de trata de personas, como todo delito complejo, se va configurando en distintas etapas y, en la mayoría de los casos, con la participación organizada de varias personas. Dentro de la estructura delictiva, las personas ocupan diferentes roles en orden a alcanzar la explotación del ser humano y que esta se prolongue indefinidamente en el tiempo, de modo de obtener las mayores ventajas económicas posibles. 
Algunos roles, por la actividad que conllevan, suelen requerir -en su forma más frecuente de comisión- el contacto directo con la víctima, tales como, la captación, el recibimiento y el acogimiento. Por este vínculo directo entre víctima y victimario, estos autores son los más expuestos dentro de la organización porque son los primeros en ser identificados por las víctimas. 
En efecto, la mayoría de las causas que llegan a las instancias judiciales, el rol de los autores consiste en estar a cargo del centro de explotación, contactar a las víctimas, asistirlas y controlarlas. 
Sin embargo, el delito de trata de personas, al ser un tipo penal complejo, no sólo se conforma con la punición de estas conductas primarias, sino que, en orden a efectivizar y perpetrar la explotación, y dependiendo de la envergadura de la empresa criminal, serán necesarias muchísimas conductas tendientes a administrar el dinero producto de la explotación del ser humano. Conductas esenciales, puesto que sin ellas no tendría sentido la explotación misma porque no se podrían usufructuar las ganancias ilícitas. 
Nótese que la finalidad de explotación es un requisito legal del tipo subjetivo de la figura de trata de personas del artículo 145 bis del Código Penal y constituye un agravante en caso de verificarse su consumación (artículo 145 ter anteúltimo párrafo del Código Penal).
Estas caras pueden resultar menos visibles dentro de la empresa criminal, pero ello no implica disminuir su entidad típica. 
En este punto, sostuve que se debían investigar "...todas las conductas que aportaron al armado y al mantenimiento de las estructuras legales para poder acceder a los beneficios económicos que toda explotación del ser humano conlleva. Por ello, es que serán típicas objetivamente las conductas dirigidas al sostenimiento legal de la explotación y, subjetivamente, siempre que el interviniente conociera que con su aporte estaba contribuyendo a la explotación sexual de las mujeres, materializando las vías para obtener los réditos económicos que exige la figura agravada bajo la cual se subsumieron los hechos" (cfr. C.F.C.P., Sala IV causa FMP 5257/2013/35/RH6/CFC3 caratulada "FAY, Daniel por infracción ley 26.364", registro nº 825/18.4, rta. 6/7/2018).
Esta última posición -la del beneficiario económico de la explotación- es la más difícil de identificar, por su lejanía con las conductas típicas y, en general, por la habilidad que demuestran para escabullirse en el entramado societario.
Sin embargo, en tanto y en cuanto se logre acreditar su participación dentro de la organización y la obtención de ventajas económicas, su punición resulta ineludible.
En tal sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional impone investigar y sancionar "la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo organizado" (artículo 1ºb).
En base a ello, afirmé que "...la demanda de esclavización de los seres humanos proviene de los escalones más altos en la cadena de producción y beneficios, y es aquí hacia donde también se deben dirigir las investigaciones judiciales para alcanzar eficazmente el objetivo constitucional de erradicar el delito de trata de personas" (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 13345/2012/7/CFC2, caratulada "SALAZAR, José Luis Mingo y otros s/ recurso de casación", registro nº 285/18.4, rta. 9/4/2018).

O.C.D.E.: Responsabilidad Penal Empresaria 

Específicamente en lo que respecta la actividad de las empresas multinacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) viene realizando un continuo trabajo para lograr que las empresas de carácter transnacional respeten estándares internacionales de protección de los derechos humanos. 
En tal sentido, la OCDE desarrolló las "Líneas Directrices para Empresas Multinacionales" que constituyen recomendaciones de los gobiernos para las empresas y cuyo objetivo es garantizar una conducta empresarial global responsable. 
Para lograr estos objetivos y colaborar a su alcance, la OCDE estableció un Punto Nacional de Contacto en nuestro país, el cual se encuentra dentro del ámbito de la Cancillería, cuya tarea es promover al conocimiento y la observancia de las Directrices de la OCDE por empresas que ejercen su actividad en el país y proporcionar una plataforma para la resolución de conflictos. 
Con esta muy breve información quiero resaltar la preocupación internacional por la responsabilidad empresaria en materia de protección de los derechos en juego.

Desafíos pendientes:

Si bien son manifiestos los esfuerzos de la Comunidad Internacional y de la Argentina por erradicar el delito de Trata de Personas, no es menos cierto que aún resta mucho camino por recorrer. 
Todas las acciones anteriormente reseñadas aportan a la lucha contra esta forma de esclavitud moderna y tienen sus claros impactos en el mundo real, aumentando la cantidad de víctimas rescatadas, disponiendo concretas medidas para su protección y ampliando las investigaciones de este delito.



         Sin embargo, para la mejor consecución del programa constitucional, la política criminal debe orientarse hacia los beneficiarios finales del delito de trata de personas y al recupero de los beneficios económicos.
Es que, sólo identificando a los verdaderos demandantes del trabajo esclavo que se aprovechan económicamente de la explotación y reprochándoles las consecuencias legales de su conducta, se generará un efecto concientizador respecto a la responsabilidad de los que tienen a su cargo la fuerza de trabajo ajena, aportando a generar mecanismos internos para la prevención del delito.
  Por otra parte, todo este nuevo paradigma de trabajo debe estar necesariamente acompañado por conductas positivas del Estado y, como primera medida ineludible, se encuentra la de neutralizar la connivencia de algunas agencias estatales para que este delito pueda llevarse a cabo. 
En efecto, suele advertirse en las causas complejas, la participación de funcionarios públicos ya sea otorgando las denominadas "libretas sanitarias", concurriendo asiduamente al lugar de explotación, habilitando ficticiamente los centros en donde se consuma el delito -y omitiendo su debido control- y la asistencia sanitaria a las víctimas, en complicidad con los sujetos activos directos.
Finalmente, teniendo en cuenta el objetivo de proteger y asistir a las víctimas, se observa que los esfuerzos deben dirigirse no sólo a su adecuada protección durante el proceso penal (evitando su re victimización) sino también a su asistencia integral, proporcionándole herramientas para que pueda superar su situación de vulnerabilidad.
Debemos terminar con la esclavitud de nuestro tiempo.

04/10/2018




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