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NI VIVOS, NI MUERTOS. DESAPARECIDOS

  por MARÍA VERÓNICA GUSSO

Argentina detiene la primacía por ser el primer caso en el mundo en el que un Estado democrático lleva a juicio a una dictadura: los tribunales nacionales siguen con un gran número de juicios en curso y dictan sentencias.

El Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada fue establecido en diciembre del 2010 por las  Naciones Unidas en su resolución 65/209, para que podamos crear una mayor conciencia de los acontecimientos del pasado, recordar a las víctimas y asegurar que los Estados cumplan con las obligaciones internacionales derivadas de las convenciones ad hoc  y de la  Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.  De hecho, no hay nada que celebrar. Es una deuda pendiente que la comunidad internacional tiene con las víctimas y sus seres queridos.

En Argentina, las desapariciones forzadas fueron un flagelo que golpeó los años de la última dictadura cívico-militar (1976/1983) y que, lamentablemente, todavía aflige al país. 

El problema fue es sólo reconocer la violación, sino hacer justicia. 

En Argentina, el conocimiento y el reconocimiento de los derechos humanos es bastante tardío, a pesar de la existencia de un sistema de protección de los derechos humanos a nivel regional: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, del 1969) entrado en vigencia el 18 de julio de 1978. ¿Por qué tardío? Porque nadie, ni siquiera en el Parlamento presionó por la ratificación de la Convención, simplemente porque no existía el concepto de "derechos humanos".

Bajo la presidencia de Raúl Alfonsín (1983/1989) se empezó a hablar de derechos violados, sobre todo gracias a la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que denunció abiertamente los crímenes cometidos años atrás.

Se abrió así la era de los derechos humanos para el país. El 28 de febrero de 1996 fue ratificada la Convención  Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adquiriendo jerarquía constitucional por Ley 24.820, el 30 de abril de 1997. Sin embargo, en la declaración sobre el reconocimiento de competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció "que las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sólo tendrán efectos con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento." Por esta declaración,  Argentina queda exenta de los juicios internacionales de derechos humanos por las atrocidades cometidas durante la dictadura. A pesar de esto, la limitación a la interferencia del sistema de protección regional no impidió el avance de las investigaciones internas.        


De hecho, Argentina detiene la primacía por ser el primer caso en el mundo en el que un Estado democrático lleva a juicio a una dictadura: los tribunales nacionales siguen con un gran número de juicios en curso y dictan sentencias.  Un gran número de culpables ha sido condenado. Las "escenas delictivas" son una prueba material de estas atrocidades y, por lo tanto, se han convertido en lugares de memoria y, sobre todo, de investigación.

En el "viaje" a la antigua Escuela de Mecánica de la Armada -uno de los centros clandestinos de detención en Buenos Aires durante la dictadura, donde funciona  hoy el Museo de la Memoria- la necesidad de justicia es tangible y visceral.  Está en los ojos de las víctimas fotografiadas, en las iniciales de esos nombres grabadas en las paredes. Está en la voz emocional de las víctimas sobrevivientes y sus seres queridos, y está en la mano temblorosa de aquellos que escribieron sus pensamientos en un pañuelo. 

En los pasillos, en las escaleras que conducen a la "Capucha" se respira injusticia, por todas partes se escucha el eco de las voces que imploran justicia. Tantos hombres, tantas mujeres, demasiados niños, demasiadas víctimas, muy pocos sobrevivientes.  Y es gracias a estos últimos que, aún hoy, y quién sabe por cuánto tiempo, el ex centro clandestino constituye una prueba judicial y sus sobrevivientes los principales testigos.

Lo que queda, en 2018, es un rompecabezas con piezas perdidas. Es una pena que las piezas que faltan no sean un juego, sino individuos, que "simplemente" ya no existen.                                                                      

No son  "ni vivos, ni muertos. Desaparecidos."

23/08/2018




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