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EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN LA PRÁCITCA DE LOS ESTADOS

  por JOSÉ LUÍS PÉREZ SANCHEZ-CERRO

"LOS CRÍMENES DE GUERRA Y DE LESA HUMANIDAD, POR SU GRAVEDAD, HAN MERECIDO UN DESARROLLO PARTICULAR, QUE SE ENTRELAZA CON EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SE SIRVE DEL MISMO PERO SIN EMBARGO NO SE CONFUNDE CON ÉL."

Los actos de crueldad por parte de alguno o de muchos se pierden en el tiempo de la humanidad. La historia nos ha permitido conocer innumerables hechos lamentables que podríamos quizás haber atribuido al primitivismo de los pueblos antiguos. Sin embargo, esa misma historia ha demostrado que hechos atroces se han seguido produciendo en tiempos no muy lejanos y lo que es peor aún, la realidad nos sigue recordando cruelmente como los actos de barbarie continúan aún hoy. 

 

Si se consulta el diccionario de la Real Academia, la palabra barbarie se define con los conceptos de falta de cultura, fiereza, crueldad. Resulta difícil de entender cómo a comienzos del siglo XXI no hayamos evolucionado lo suficiente para dejar atrás el empleo de dicho término para calificar numeroso y cotidianos actos en contra de seres humanos inocentes o indefensos. 

 

La reacción internacional ante la ocurrencia de estos hechos ha sido lenta y llena de obstáculos. Fue necesario pasar por dos guerras mundiales y por el holocausto de millones de personas para que el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas por primera vez establezca como objetivo de la Organización el desarrollo de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la promoción de su respeto universal sin distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión. Como si fuera poco lo anterior, el artículo 56 de la Carta establece el compromiso de todos los Miembros de las Naciones Unidas en adoptar medidas para la realización de lo antes señalado. La Carta establece la base sobre la cual se produciría el posterior desarrollo de los derechos humanos. 

 

A diferencia de lo acontecido anteriormente, donde el tratamiento de los derechos humanos se caracterizó por estar limitado a un determinado grupo humano, o a determinados acontecimientos, los alcances de los instrumentos internacionales sobre el tema, posteriores a la Carta, se caracterizarían por tener alcances generales en atención a la naturaleza única de los seres humanos. 

 

Como se ha indicado, este desarrollo no ha estado exento de dificultades y obstáculos que con tiempo y duro trabajo han ido superándose. Paralelamente al trabajo a nivel estatal plasmado en los dos grandes pactos internacionales y las posteriores convenciones desarrolladas sobre el tema, la labor de la jurisprudencia en este camino ha sido de particular importancia. No podemos dejar de comentar los enormes aportes de la Corte Internacional de Justicia en este arduo camino con su pronunciamiento en 1970 sobre el reconocimiento de la existencia para los Estados de obligaciones erga omnes, en las que todos están interesados en su protección. En aquella oportunidad, el Tribunal estimó que algunas obligaciones internacionales son tan básicas que afectan por igual a todos los Estados y todos ellos tienen el derecho y la obligación de ayudar a proteger su cumplimiento. Cuando un Estado viola una obligación erga omnes, lesiona a todos los demás, incluso a aquellos que no se vean directa o especialmente afectados por la conducta desarrollada. En el caso Barcelona Traction, la Corte estableció como ejemplo de dichas obligaciones erga omnes: la ilegalidad del genocidio, de la esclavitud y la discriminación racial, así como otras agresiones contra los derechos básicos de la persona humana. 

 

También se puede mencionar la sentencia en el caso Namibia sobre discriminación en 1971 o la de rehenes norteamericanos en 1980 sobre privaciones de libertad y condiciones de detención penosas. La Corte consideró a todas estas como situaciones incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por su gravedad, han merecido un desarrollo particular, que se entrelaza con el desarrollo de los derechos humanos y se sirve del mismo pero sin embargo no se confunde con él. 

 

La necesidad y a la vez la dificultad de perseguir y sancionar dichos actos atroces, llevó por ejemplo a Gustave Moynier, uno de los fundadores del CICR, a efectuar en 1872 la primera propuesta de creación de un tribunal internacional, como consecuencia de lo vivido en la guerra franco-prusiana. 

 

La fórmula de crimen contra la humanidad fue decidida en la última etapa de redacción del Estatuto de Nuremberg. El Tribunal Militar Internacional fue constituido mediante el acuerdo de Londres el 8 de agosto de 1945 y fue el primer documento consagratorio de los principios del derecho penal internacional. 

 

Pero en 1949 se dará un paso particularmente significativo cuando en los Convenios de Ginebra se introdujo la aplicación de la jurisdicción universal para aquellas violaciones a sus normas que fueran calificadas como infracciones graves. Conforme al artículo pertinente de cada Convenio, los Estados tienen la obligación de buscar a las personas acusadas "sea cual fuere su nacionalidad", y deben hacerlas comparecer ante los propios tribunales o entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante, es el llamado principio aut dedere, aut judicare. 

 

La jurisdicción universal, que se remonta a los tiempos de la piratería rompe los principios jurisdiccionales del derecho en general, tales como el de territorialidad, de personalidad activa o el principio de personalidad pasiva, para eliminar todo obstáculo que impida al sistema judicial de cualquier país, juzgar a los responsables de crímenes particularmente graves, con independencia del lugar de comisión del delito o de la nacionalidad de los responsables o víctimas. 

 

La jurisdicción universal penetra de manera clara también en el ámbito de los derechos humanos al establecerse en la Convención contra la Tortura adoptada en 1984. Como se puede apreciar, si bien la jurisdicción universal tiene antigüedad, su incursión en los campos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos es relativamente reciente, por lo menos en lo que trata a su regulación en instrumentos internacionales. 

 

En la práctica, el tratamiento de la jurisdicción universal presenta una serie de marchas y contra marchas por el evidente enfrentamiento con la soberanía de los Estados. 

 

Podríamos decir que, si bien la figura de la jurisdicción universal presenta sus propias complejidades, las dificultades mayores se desprenden de la compleja naturaleza y hasta de la misma gravedad de los crímenes a los que se busca sancionar. Baste recordar que hasta la creación de la Corte Penal Internacional, todos los demás Tribunales Internacionales se constituyeron con carácter ad hoc. Los Tribunales de Nuremberg, Tokio, Ruanda y el creado para la ex Yugoslavia fueron ex-post, es decir con posterioridad a la Comisión de los hechos. 

 

La historia nos demuestra que sobre estos tribunales ha existido un sentimiento ambivalente; baste mencionar los inconvenientes que rodearon la constitución por el Consejo de Seguridad del Tribunal para la ex Yugoslavia. 

 

Para poner el ejemplo más reciente: La creación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, a cargo del Consejo de Seguridad, se sustentó en el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se reconoce al Consejo de Seguridad la facultad de tomar medidas para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. Esto ocasionó que varios Estados que votaron a favor de la conformación de este Tribunal, desconocieran, sin embargo, la facultad del Consejo de Seguridad para crear este tipo de órganos. 

 

Similar situación de ambivalencia se presenta con la Jurisdicción universal, en cuanto a que, si bien se considera la necesidad de su existencia en la lucha contra la impunidad, se presenta en la práctica cierta resistencia a la aplicación de la misma por sus implicancias con el tema de la soberanía de los Estados. Al igual que en el caso de los Tratados ad hoc, la jurisdicción universal ha sido buscada como una alternativa para evitar que estos actos de extremada gravedad queden sin juzgamiento y castigo. 

 

Podríamos afirmar que esta figura y su aplicación a casos de crímenes de guerra o de lesa humanidad se mantuvo en relativa latencia hasta que se presentó el caso Pinochet, en el que si bien se dio un desenlace final que decepcionó a muchos, también implicó indiscutiblemente un importante avance en este difícil y complejo proceso. 

 

No puede resultar más oportuno el tratamiento y discusión del tema de la jurisdicción universal en momentos en que se presentan importantes acontecimientos como la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional, el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso del Congo contra Bélgica, y la posterior derogación de la Ley de Jurisdicción Universal de 1993 por el Primer Ministro belga Guy Vershofstadt, según la cual se permitía el juzgamiento en cortes belgas de genocidios y crímenes de lesa humanidad, adicionalmente al desarrollo de la estrategia de los Estados Unidos de celebrar acuerdos bilaterales con base en el artículo 98 del Estatuto de Roma para sustraer a sus nacionales de la jurisdicción de la Corte. 

 

En cuanto al Perú, éste país suscribió la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad con una declaración, que a la postre es una reserva encubierta porque los tratados sobre derechos humanos no tienen reservas, que determina la imposibilidad de juzgar casos anteriores a la vigencia de dicho tratado, por sostenerse que se atentaría contra el principio de retroactividad benigna consagrado en la Constitución Política de 1993. A mi entender, ello va contra la esencia misma de dicho convenio y contra su objeto y fines. 

 

© José Luís Pérez Sánchez-Cerro

26/02/2016




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